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Se aplica con la misma validez y obligatoriedad que la ley, siempre y cuando no la contraríe y no exista acuerdo entre las partes que establezca una práctica distinta a la certificada.
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Contribuye a regularizar las prácticas realizadas por los comerciantes evitando conflictos futuros.
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No tiene ningún costo para el comerciante que la solicita.
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Puede valer como elemento probatorio en una controversia judicial.